La agencia internacional de noticias EFE informó que el Congreso de Costa Rica aprobó el miércoles 27 de noviembre en el primero de dos debates requeridos, un proyecto de ley que busca reactivar la pesca de arrastre, una práctica prohibida por la Sala Constitucional desde el 2013 por sus graves impactos ambientales. “En una votación de 26 a favor y 18 en contra, con 44 legisladores presentes de los 57 que integran el Legislativo, el proyecto de ley fue aprobado, pero antes de su segunda votación deberá ser revisado por la Sala Constitucional”, agrega en la noticia. A su vez, la agencia detalla que “en el año 2013 la Sala Constitucional prohibió este tipo de pesca de camarón debido a los graves daños que causa al rastrillar el suelo marino y a la elevada cantidad de otras especies que atrapa, como es el caso de tortugas marinas en peligro de extinción. La Sala Constitucional ordenó que para reactivar esta pesca se requieren estudios científicos y herramientas que garanticen la sostenibilidad ambiental de la actividad. Los diputados que apoyan el proyecto de ley aseguran que un estudio del año pasado del estatal Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) señala que el uso de dispositivos especiales en las redes evitan en gran medida la pesca incidental”. EFE explica en el artículo que “el proyecto de ley busca que el INCOPESCA otorgue licencias temporales de pesca de arrastre a la flota nacional y le otorga un plazo de un año para realizar estudios más completos sobre la viabilidad de esta actividad. Además, el texto estipula que la actividad no se podrá ejercer en Parques Nacionales, esteros, arrecifes y desembocaduras de ríos, y en zonas de exclusión que las autoridades determinen”. Según datos del gobierno costarricense, hay 3 500 personas en el país que dependen de la pesca de arrastre en zonas agobiadas por el desempleo y la pobreza. Las personas que votaron en contra del proyecto de ley argumentan que no hay estudios técnicos que garanticen la viabilidad ambiental de la actividad. Por último, “a este proyecto de ley se han opuesto pescadores artesanales -que consideran que su medio de subsistencia se verá afectado por la flota camaronera- y diversas organizaciones ambientalistas como es el caso de MarViva. Según MarViva, el proyecto de ley está sustentado en un pequeño estudio, efectuado en pocas zonas y acerca de solo dos especies de camarón de las 10 que históricamente ha explotado la flota semi industrial en Costa Rica”, concluye el artículo.