La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) emitió un comunicado defendiendo a la flota atunera del país tras la amonestación con tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea: “La industria de la pesca de Ecuador ratifica su absoluto compromiso con el marco jurídico internacional, que lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Por ello, las empresas del sector operan con sistemas de trazabilidad que certifican la legalidad de sus capturas, así como la de los productos que comercializamos”. Cabe recordar que el organismo europeo notificó “deficiencias” en la capacidad de Ecuador para cumplir con las normas acordadas en el marco del Derecho internacional del mar. Según argumenta la CEIPA, la observación de la Comisión Europea “se basa en la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de Pesca, que data de 1974, la misma que debe ser alineada a las normas internacionales y regionales aplicables a la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros”. La cámara entiende que “una nueva Ley Orgánica de Pesca permitirá a las autoridades públicas mejorar el control de la actividad y evidenciar de manera más eficaz las prácticas de cumplimiento de las normas internacionales, por parte de la flota pesquera ecuatoriana”. Como conclusión, la CEIPA subraya que el sector pesquero ecuatoriano continuará con el trabajo enmarcado dentro de los principios de legalidad y transparencia, uniendo esfuerzos con los estamentos gubernamentales pertinentes para acelerar la aprobación de la nueva ley. “Ratificamos a nuestros socios comerciales en Europa el irrestricto compromiso con el desarrollo sostenible y con las normas que luchan contra la pesca IUU como ha sido nuestra filosofía de trabajo”.